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Del 4 al 8 de julio se llevó a cabo en la Universidad de Guanajuato la quinta edición de la Escuela de Verano Libertad y Desarrollo. El evento contó con el auspicio de la Universidad de Guanajuato, la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, Caminos de la Libertad y con la colaboración de Students for Liberty México.

Me he comunicado con el ingeniero Luis Zelaya sobre su reciente viaje a Alemania, quien con toda amabilidad ha respondido a mis inquietudes y preguntas, y después de escucharlo me parece muy provechosa su iniciativa de visitar ese avanzado país, en general para establecer una mejor relación con la Fundación Friedrich Naumann, que le hizo la invitación y patrocinó la gira. Y lo más importante, le permitió conocer tres asuntos concretos que implementará cuando presida el próximo gobierno liberal.

Durante la XIV Cumbre Latinoamericana de Marketing Político y Gobernanza el alcalde de Puerto Cortés, Allan Ramos, recibió de manos del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, el Premio a la Mejor Gestión de un Gobierno Local de Latinoamérica.

La tarde del 29 de marzo dos resoluciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) llevaron al país a ocupar los titulares de la prensa mundial.


En sus sentencias No. 155 y 156, el Tribunal Constitucional anuló la inmunidad de los diputados de la Asamblea Nacional con la intención de asumir todas sus competencias argumentando que “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional (AN), esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.


Este es probablemente un acontecimiento histórico único y extraordinario, el que un Tribunal Constitucional, cuya función principal es proteger la Constitución de su Estado y sus instituciones, suprima la separación de poderes y derogue los principios fundamentales de la Constitución.

 

La falta de transparencia genera prácticas en las empresas que pueden ser cuestionables; por ejemplo, a los usuarios de Uber les cobran las cuotas de aportación gubernamental sin que sepamos a dónde va a parar ese dinero, en qué esquemas, a qué bolsillos.

Desde hace décadas los gobiernos de México y Centroamérica tienen una gran deuda con sus sociedades en política migratoria. Mientras la nueva presidencia de Donald Trump prepara las herramientas legales y políticas para deportar migrantes, la región al sur del Río Bravo está obligada a trabajar en una respuesta conjunta.

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